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Hasta este martes, 36 ciudadanos se habían inscrito ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para buscar la presidencia de México en 2018. Solo una mujer, de entre los aspirantes, había sufrido para cumplir el requisito más básico y sencillo para iniciar el tortuoso camino para asegurar la candidatura independiente: abrir una cuenta bancaria. “No nos quisieron abrir una cuenta en un banco. Nos bloquearon, el banco HSBC. Tuvimos que buscar otro. Desde ahí se ve cómo está amañando este poder”, dijo María de Jesús Patricio, la aspirante nahua del Concejo Indígena de Gobierno y que cuenta con el respaldo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los independientes podrán participar en 2018 por primera vez en una elección presidencial. La autoridad electoral exige a los aspirantes sin partido a la presidencia tener una asociación civil sin fines de lucro. Esta auxiliará a los candidatos a administrar el financiamiento que reciban para las actividades de campaña, que comienza en marzo del próximo año. Pero sobre todo, la asociación ayudará a los interesados a superar el principal obstáculo que separa a los ciudadanos de a pie de una candidatura presidencial: reunir a contrarreloj 866.000 firmas en al menos 17 de 32 Estados del país. Esto exige reunir, por lo menos, 7.200 apoyos diarios a lo largo de 120 días.

Marichuy, como se le conoce a Patricio, contó con asesoría legal para crear su asociación civil, Llegó la hora del florecimiento de los pueblos. Pero cuando acudieron ante HSBC en Ciudad de México se presentó el primer problema. “Fue el banco el que no quiso. Nosotros llevábamos todos los requisitos”, dice una vocera Congreso Nacional Indígena (CNI) que pide no ser citada por su nombre.

“Ellos [HSBC] argumentaron que Marichuy era parte de Antorcha Campesina [una polémica organización popular vinculada al PRI]”, revela otro integrante del equipo de la aspirante indígena. “Se lo inventaron. Lo usaron como pretexto para rechazarla”. Este integrante de la campaña zapatista considera que existió discriminación por parte del banco. “No veo otro motivo. Aunque fuera parte de esa organización, no tienen por qué negarte una cuenta”

Lyssette Bravo, vocera de HSBC, rechaza que el banco haya negado abrir la cuenta. “El trámite toma más tiempo para una asociación civil, es un proceso que se llama debida diligencia ampliada. Son procesos largos y hay muchos filtros. En HSBC tenemos una política, know your client, para conocer mejor a los clientes”, asegura vía telefónica. “Habrá otros bancos que hagan el trámite más rápido”, agregó la portavoz. Bravo afirmó desconocer la fecha exacta en la que el equipo de Marichuy comenzó el proceso ante el banco.

Adriana Herández, integrante del equipo legal de Marichuy, asegura que los trámites ante HSBC comenzaron el 12 de septiembre. El 28 de septiembre, fecha en que las partes iban a firmar el contrato, la abogada recibió un mensaje de Whatsapp de Alberto Espinoza Vázquez, funcionario del banco. “El nombre de la señora ma de jesus apareció en una lista de personas ligadas a un grupo antorchista, o algo así me comentaron”, escribió el empleado. Ese mensaje fue la única respuesta que acompañó la negativa. “Hasta el día de hoy HSBC se ha negado a dar explicaciones escritas”, dice Hernández.

Mecanismos que perpetuan la discriminación

Marichuy, una indígena nahua de 53 años, tiene una cuenta de nómina donde recibe un sueldo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (Jalisco, oeste de México). Patricio lleva más de dos décadas laborando en la Casa de salud Calli tecolhuacateca tochan, donde atiende a poblaciones indígenas con medicina tradicional y herbolaria. Ella nació en una pequeña comunidad del municipio de Tuxpan (Jalisco) y creció viendo a su abuela y sus tías hacer limpias con plantas y preparando ungüentos para los enfermos de “susto, espanto, aduendado, bilis, debilidad o canícula”, según dijo en una ceremonia en la que reconocieron su trayectoria en 2015.

La negativa de HSBC revela uno de los principales problemas de la población indígena en México, la falta de acceso a los servicios financieros y al crédito bancario. En 2012, un informe realizado por la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) aseguraba que es casi “un hecho imposible que una persona indígena en México cuente con un expediente en el buró de crédito y aún menos creíble es que posea una tarjeta de crédito o que haya recibido de la banca tradicional un crédito productivo”. Un estudio de la Cámara de Diputados realizado un par de años más tarde reveló que la situación en la que viven los 15.7 millones de indígenas mexicanos no había cambiado. Solo el 1.5% de los trabajadores del campo mexicano de alguno de los 68 pueblos originarios tiene acceso a crédito en 2014.

“El sistema financiero, en su atención no está diseñado para las poblaciones indígenas. Los bancos están en las cabeceras municipales, lejos de las comunidades. No hay cajeros automáticos”, explica Ricardo Raphael, autor del informe de Conapred. “No hay una institución interesada en ayudarlos. Ni las públicas como Financiera Rural o Bansefi. Y a las privadas solo les interesan los clientes AAA. Estos mecanismos perpetuan la discriminación”, asegura.

La abogada Hernández asegura que el trato de HSBC “expresa un trato desigual, diferenciado, discriminatorio, en tanto que obstaculiza el ejercicio de derechos ciudadanos y en particular de las mujeres mexicanas indígenas”.

Fue Banorte, uno de los pocos bancos mexicanos, quien finalmente permitió a Marichuy abrir su cuenta bancaria, con los mismos documentos con los que habían acudido a HSBC, y seguir en la carrera rumbo a la presidencia. “Para lograr este primer paso nos pusieron muchas trabas. Nos quisieron tratar como de la [clase] alta… Esta estructura está diseñada para ellos. No para la gente de abajo, la gente trabajadora”, dijo Patricio el sábado. Entre aplausos, la única candidata indígena inició su camino cuesta arriba y contracorriente.

Fuente (El país)

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COLEGIO RÉPSAMEN TENIA SEGURO DE 20 MIL PESOS POR ALUMNO

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El Colegio Rébsamen, donde murieron 19 niños y 7 adultos tras el sismo, tenía contratado un seguro de vida contra “accidentes personales” el cual cubría hasta 20 mil pesos la muerte de un alumno.

Este seguro ya fue reclamado por familiares de ocho víctimas y fue contratado con Inbursa, quien lo dio a conocer en una conferencia de prensa de Carlos Slim.

“Lo que nos va reclamando se va pagando y van ocho casos”, aseguró un directivo de la compañía ante los cuestionamientos.

“Lo contrató la escuela, es una póliza normal en el mercado, de accidentes escolares; muchas escuelas contratan este tipo de seguros, desde luego no está enfocado a cubrir la muerte en caso de una tragedia como ésta”, explicó el director general de Grupo Financiero Inbursa, Javier Foncerrada Izquierdo, de acuerdo con el diario Reforma.

El seguro fue contratado apenas el 12 de septiembre pasado, siete días antes del sismo de magnitud 7.1 que provocó el colapso el colegio, de acuerdo con el periódico El Financiero.

Mónica García Villegas, dueña del Colegio Rébsamen obtuvo este fin de semana una suspensión provisional contra una posible detención y contra la exhibición de sus datos por parte de las autoridades de la Ciudad de México.

 

ANIMAL POLÍTICO

 

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RECONSTRUIR CDMX LLEVARA 6 O 7 AÑOS: MANCERA (CON LAS MALETAS PARA LA PRESIDENCIA)

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El próximo jueves se cumplirá un mes del terremoto que sacudió al centro de México y que provocó más de 200 muertos en la capital, la mayor tragedia desde el sismo de 1985. Miguel Ángel Mancera (Ciudad de México, 1961), jefe de Gobierno de la ciudad, recibió a EL PAÍS a última hora de la tarde del jueves, visiblemente cansado. Durante una hora reflexiona sobre la gestión de la crisis, no exenta de críticas, y el futuro de la urbe. Aunque insiste en que ahora su prioridad es desarrollar el plan de reconstrucción, admite que sigue aspirando a optar a la presidencia del país el próximo año, algo que ya no podrá hacer como independiente, sino bajo el paraguas del Frente Ciudadano por México, la coalición creada por el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano.

Pregunta. ¿Qué lecciones deja este terremoto?

Respuesta. Es indispensable que la Ciudad de México siga reforzando sus normas en materia de construcción. Que se siga tomando conciencia de que vivimos en una ciudad sísmica, que enfrenta retos importantes y que es casi un living lab [un banco de pruebas reales]. Hay que prepararse constantemente. La ciudad tiene que estar evolucionando y avanzando sistemáticamente.

P. ¿Por qué no se le vio sobre el terreno los días posteriores al terremoto?

R. Fui a sitios, pero lo hice de manera discreta. No lo hice mediático, porque eso no le gusta a la gente. Si yo llego, conmigo lo hace un aparato de seguridad e interfieres. No voy a llegar con un pico y una pala. El protocolo de seguridad me exige coordinar desde el C-5. No busqué salir en los medios, creo que no era el momento de ganar protagonismo. Cuando hablé con los familiares de las víctimas del edificio de Álvaro Obregón busqué no hacerlo en la zona cero, porque suponía entorpecer las labores que se estaban haciendo. Lo volvería a hacer así.

P. Para recibir la ayuda del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), las familias deben estar catalogadas en “pobreza patrimonial”. ¿No dejará esto a muchos sin ayuda?

R. La Ciudad de México no está recibiendo ayuda del Fonden. Nos mandarán 500 millones de pesos [más de 26 millones de dólares] para atender instalaciones deportivas, de agua e inmuebles culturales. En la parte de ayudas inmediatas, no ha llegado nada. En apoyos a reconstrucción y vivienda, tampoco.

P. ¿Por qué?

R. El planteamiento que hice con Hacienda fue muy sencillo. Si nos van a decir que tienen que ser viviendas de 40 metros y que estén en la línea de pobreza que cataloga la Sedesol [Secretaria de Desarrollo Social], no le van a dar a nadie. Ni siquiera en las zonas rurales. El Gobierno federal tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para que veamos una reconstrucción bien planeada. La Ciudad de México no debe hacer una reconstrucción sobre las rodillas. El Fonden no será la solución para la Ciudad de México. Hay que pensar en otro esquema.

P. El terremoto se produjo cuando tenía las maletas hechas para dejar la jefatura de Gobierno. ¿Cómo afecta a sus aspiraciones presidenciales?

R. Se guardaron las maletas. Teníamos el planteamiento de presentar una candidatura independiente, con muchas asociaciones, pero yo no puedo dejar ahora la Ciudad de México. Tengo que presentar el plan de reconstrucción.

P. Pero las maletas siguen hechas. ¿Sus aspiraciones han cambiado?

R. La aspiración no ha cambiado, pero no estoy pensando en las maletas. Ahora sí voy a estar saliendo constantemente a la calle porque hay que estar verificando edificios, ver al comité de demoliciones… Son muchas cosas que tienen que hacerse con mucho cuidado.

P. La ley le da hasta el 31 de diciembre para dejar el cargo. ¿Cómo dejaría tranquilo la ciudad?

R. Con un plan de reconstrucción claro, que será a seis o siete años. Va a rebasar al siguiente Gobierno. Hay que diseñar una estrategia fiscal y dar un plazo a la gente, de unos seis años, para que los edificios inseguros se vuelvan seguros. El 31 de diciembre debe estar listo el plan, que no haya gente fuera de sus casas en inmuebles con averías menores. Que la ciudad tenga tranquilidad.

P. La única oportunidad de optar a la candidatura presidencial es con el Frente Ciudadano por México. ¿Qué opina de ese frente?

R. El reto es que exista una coalición porque el frente es político, pero no electoral.

P. ¿De verdad cree que no es electoral?

R. No es electoral por la definición de la norma. Está planteado de 2017 a 2024. No está delimitado por un tiempo electoral, tiene que ir más allá, no te sirve solo para 2018. Debe servir para una conducción de Gobierno, reúne causas y propósitos. Por eso se dice que no es electoral.

P. ¿Por qué no se ha presentado el proyecto del frente? ¿No va un poco tarde?

R. Hay un esbozo de proyecto. El frente habla de un Gobierno de coalición que busca atacar diversos temas: salarios, energía, el campo. Se va a lograr no teniendo un presidente que sea el dueño de todo, sino con un presidente que tenga un jefe de Gabinete con pesos y contrapesos. Se debe aterrizar a un programa de Gobierno con líneas y metas en cada caso. Morena tendrá un presidente que dirá si es de día o de noche, y nadie le va a poder discutir. Probablemente, va a gobernar con decretos, porque un Congreso que salga de una competencia de cuartos o de tercios estará dividido y se necesitarán alianzas.

P. En su caso, ¿se ve como presidente o como jefe de Gabinete, esa especie de primer ministro?

R. Me gustaría estar en la presidencia. Pero me interesa construir. También veo a la Ciudad de México en un Gobierno de coalición. Lo que menos le conviene a la ciudad es que siga en esta estrategia. Yo tengo un Congreso dividido y se ha tenido que hacer un Gobierno de coalición allí dentro.

P. ¿Cómo cree que afectará al frente la salida de Margarita Zavala?

R. Hasta ahora indica que hay una división en el PAN que sí le quita un porcentaje. Pero el frente sigue bien las mediciones, sigue siendo altamente competitivo, incluso sin la participación de Margarita Zavala.

P. El frente puede tener un proyecto para los próximos años, pero aún no ha aclarado cómo elegirá al candidato presidencial. ¿Cómo cree que debe ser ese proceso?

R. Tendríamos que pensar en un método democrático. Se ha planteado que puede ser una elección abierta. No estoy en desacuerdo. Y que ahí se mida. Y entonces que se apoye a quien resulte ganador.

P. ¿La candidatura presidencial está entre Ricardo Anaya y usted?

R. No descarto también a Rafael Moreno Valle o el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. O quien se vaya a anotar en los próximos días.

P. Anaya le aventaja en las encuestas. ¿Qué necesita para revertir esto?

R. Primero, ver qué encuesta es. Segundo, esperar.

 

EL PAIS

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#ENTERATE: CARLES PUIGDEMONT NO ACLARO SI PROCLAMO LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

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El presidente de la Generalitat Carles Puigdemont no aclara, en su respuesta al requerimiento de Mariano Rajoy, si declaró la independencia en el pleno Parlament del martes. En la misiva, que han avanzado Catalunya Ràdio y RAC1, Puigdemont se limita a adjuntar diferentes documentos, como la Ley del Referéndum o el informe sobre las cargas policiales del 1 de octubre. Puigdemont defiende la senda de diálogo y recuerda que dejó “en suspensión” la declaración de independencia para abrir un proceso, “de dos meses”, para intentar llegar a un acuerdo con el Ejecutivo central. En la carta, de cuatro páginas, el president pide a Rajoy una reunión para llegar a acuerdos y que acabe la “represión contra el pueblo y el Gobierno de Cataluña”.

En un tono conciliador, Puigdemont insiste, en que la “prioridad” de su Gobierno es “buscar con toda la intensidad la vía de diálogo”. “Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas”, añade. En este sentido, apunta que la “suspensión” de la declaración de independencia el pasado martes es una muestra de la “firme voluntad de encontrar una solución y no el enfrentamiento”. El presidente catalán ofrece un plazo de dos meses para abrir “un camino de negociación”, que incluya otros actores, como mediadores.

Pero la carta tampoco explica qué sucedería si transcurrido este periodo el Ejecutivo catalán no recibe muestras de voluntad de diálogo por parte de La Moncloa. Más explícito ha sido posteriormente el consejero de Interior Joaquim Forn, quien ha subrayado que si durante estos dos meses no se logra un proceso de dialogante, se declarará la independencia. “El president ha dicho que tenia un mandato surgido de los resultados del 1 de octubre. Si en estos dos meses el diálogo no es correspondido, el siguiente paso será este”, ha asegurado en una entrevista a Catalunya Ràdio.

“La situación que vivimos es de tal trascendencia que exige respuestas y soluciones políticas que estén a la altura”, considera el president en el escrito y le recuerda que el pasado 10 de octubre planteó “una oferta sincera de diálogo”. “No lo hice como una demostración de debilidad sino como una propuesta honesta para encontrar una solución a la relación entre el Estado español y Cataluña, que lleva bloqueada desde hace muchos años”.

No obstante, Puigdemont aprovecha la carta para lanzar dos propuestas. Por un lado, que se detenga “la represión” contra la ciudadanía catalana –en referencia a las cargas policiales del pasado 1 de octubre durante la celebración del referéndum independentista– y contra el Govern, por las querellas y la intervención de las cuentas. El jefe del Ejecutivo catalán menciona que precisamente este lunes declaran como imputados por sedición en la Audiencia Nacional los dos líderes de las entidades soberanistas, Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, porque se les considera los organizadores de las protestas contra la intervención de las cuentas de la Generalitat el pasado 20 de septiembre. También está citado por sedición el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al que la Guardia Civil considera “totalmente involucrado en el proceso soberanista” por la suspuesta inacción a la hora de impedir el voto el pasado 1 de octubre. El escrito también pone como ejemplos de esta “represión” el cierre de páginas web o las detenciones de altos cargos de la Generalitat.

La segunda de las propuestas lanzadas por Puigdemont está relacionada con la oferta de diálogo y solicita a Rajoy “lo antes posible” una reunión para “poder explorar los primeros acuerdos”. “No dejemos que se deteriore más la situación. Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro que pòdemos encontrar el camino de la solución”, añade el presidente catalán.

Al final de la carta, con fecha de este lunes, Puigdemont advierte que su oferta de diálogo no es compatible con las intervenciones policiales, judiciales o administrativas al entorno soberanista. “Nuestra propuesta de diálogo es sincera, pese a todo lo ocurrido, pero lógicamente es incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza”, afirmo.

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