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El vicefiscal general del estado, Rafael Matos Leal, confirmó que fueron resguardadas seis oficinas del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado que trabajan con los expedientes de las denuncias penales en contra del exsecretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco Jorge Aguilar Cheluja, pues se presume que hubo algunas irregularidades y actos de corrupción en el desempeño de algunos funcionarios y ministerios públicos.

Apuntó que se no se tuvo un aseguramiento de las agencias ministeriales como tal, sólo se resguardó el lugar por motivos de dar seguimiento al tema de las indagatorias por daño patrimonial en el caso del exsecretario de la Comuna, ya que en días pasados se confirmó que no procedía el ejercicio de la acción penal en contra de dicho exfuncionario.

El vicefiscal comentó que realizó una revisión del área donde estaba trabajando el personal encargado de esa carpeta de investigación y hubo la necesidad de acordonar ese lugar.

Por otro lado, trascendió que dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado fueron separados de sus cargos por incurrir en presuntos actos de corrupción, al ser señalados de haber dejado sin efecto la denuncia presentada en contra de Jorge Aguilar Cheluja. Se trata de la fiscal del Ministerio Público Reyna “N”  y otra funcionaria de Averiguaciones Previas y Acusaciones. Ambas han sido acusadas de haber recibido 50 millones de pesos a fin de evitar emitir la orden de aprehensión para la detención del exfuncionario municipal y, con ello, permitirle evadir la acción de la justicia.

La investigación abierta en contra de la primera quedó asentada en el expediente único de caso FGE/QR/OPB/10/5380/2017, en tanto de la segunda funcionara se levantó un acta administrativa bajo el expediente FGE/OIC/04/2017 mediante el cual se le da seguimiento.

Matos Leal confirmó que se tienen investigaciones a personal de la misma fiscalía, que van desde agentes ministeriales, hasta personal de Averiguaciones Previas y Acusaciones, personal auxiliar del Ministerio Público, entre otros.

Cabe mencionar que el fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, ordenó la investigación el pasado 6 de octubre, y se realizó el acordonamiento de las seis mesas del Ministerio Pública en la madrugada. Los funcionarios están siendo investigados por posibles actos de corrupción para no ejercer la acción penal en contra del exsecretario de la Comuna.

Como se recodará se han interpuesto poco más de 12 denuncias por parte de la administración municipal de Othón P. Blanco en contra de exfuncionario del Ayuntamiento en la era de Eduardo Espinosa Abuxapqui.

El funcionario de la Fiscalía comentó que dentro de las investigaciones que se realiza al mismo personal podrían ser cesados del cargo varios de ellos, esto de encontrarse culpables en las imputaciones de corrupción y tráfico de influencias para beneficiar al exsecretario de la Comuna Jorge Aguilar Cheluja.

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EXIGEN TRANSPARENCIA EN ACTIVIDADES DEL CONGRESO

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Raúl Cáceres, presidente del Observatorio Ciudadano de Chetumal, dijo que están solicitando transparencia en las acciones, obras y asignación de cargos que realizan los integrantes de la XV Legislatura. Advirtió que se ha solicitado información en proyecto de innovación tecnológica que se realizó en meses pasados.

Aclaró que no se trata de atacar o descalificar a ningún organismo, sino de hacer cumplir con la voz ciudadana en cuanto al tema de transparencia para que se cumpla con la entrega de información solicitada.

Apuntó que por ello es que se solicitó al Congreso del Estado transparentar los gastos que se hacen al interior del Pleno Legislativo, principalmente en el tema de obras y asignación de recursos para la asistencia social.

Así como a la innovación tecnológica y remodelación realizada al interior, para seguir con los temas de verificar todos los ámbitos en los cuales se puede mejorar la eficiencia de los recursos que manejan los organismos, como es el poder Legislativo.

Advirtió que en el caso de los recursos para la asistencia social, es porque se desconoce el procedimiento de asignación y ejecución de los mismos, considerando que dichos recursos también pueden ser canalizados a las dependencias u organismos que atienden a la población vulnerable como el DIF, Desarrollo Social o Salud, que son las peticiones más comunes de las personas.

“Estamos pidiendo se transparenten las formas en las que se asignan las obras, bajo qué criterios, así como en el tema de asistencia social”, abundó.

Y advirtió que en cuanto al tema de la asignación de los funcionarios públicos, es una cuestión que aún están analizando para exponer una postura, agregó, ya que se tiene que verificar si realmente son las mejores opciones que requiere la sociedad quintanarroense y el estado.

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RECHAZAN EMPRESARIOS ÁREA NATURAL PROTEGIDA BACALAR: IMPIDE EL DESARROLLO, AFIRMAN

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El sector empresarial de los municipios de sur Othón P. Blanco y Bacalar, rechazó la conversión de la Laguna de Bacalar a Área Natural Protegida, ya que afirmaron que se contrapone al desarrollo de esta parte de la entidad y perjudica, por lo menos a 380 mil ciudadanos, dieron a conocer en conferencia de prensa, líderes de cámaras y organizaciones empresariales, quienes ratificaron su desacuerdo con la iniciativa.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y el de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), Pedro Santos Huchín y Eloy Quintal Stalin, respaldados por la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro y Sur del estado, así como por la Coparmex y organismos ciudadanos de vigilancia, ratificaron su rechazo a la iniciativa en cuestión.

Aseguraron que cierra las pocas posibilidades de la reactivación económica del sur de Quintana Roo, ya que con esto se perderían las posibilidades de la “tan anhelada” diversificación económica en el sentido turístico.

Puntualizaron que el modo como pretende ejecutarse es irregular, debido a que se intentó engañar a los ejidatarios de 12 núcleos aledaños a la Laguna de Bacalar y por ello no están de acuerdo con esta acción por parte de las autoridades ambientales federales.

Aclararon que no están peleados con el desarrollo sustentable pero dijeron que debe estar acompañado con la inversión y asistencia de las diferentes instancias de gobierno y los sectores productivos.

Mencionaron dichos sectores empresariales que estarán atentos a las acciones y respuestas por parte de las autoridades federales con respecto a este tema y con ello establecer las medidas a seguir, pero recalcaron su total y completo rechazo a esta medida en el sistema lagunar de Bacalar.

 

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Chetumal

1 DE CADA 10 PERSONAS SUFREN LLAMADAS DE EXTORSIÓN EN QUINTANA ROO: COPARMEX

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José Luis Mingüer Alcocer, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el sur del estado, afirmó que sólo se sabe de dos casos de extorsión telefónica en la capital de la entidad, por ello es que se tiene que generar una cultura de denuncia por parte de los sectores empresariales.

En total, de acuerdo con Seguridad Pública, son más de dos mil llamadas que se han registrado por este delito al número de Emergencias 911 hasta la fecha, siendo los municipios de la zona norte los más afectados.

El dirigente empresarial comentó que por el momento no tienen estadísticas claras de cuál es la situación en cuanto al tema de las llamadas de extorsión, ya que se tiene conocimiento de sólo dos casos en esta parte de la entidad.

En este punto hizo el llamado para que se acerque el sector empresarial en el sur del estado para que hagan las denuncias correspondientes y que con ello se tenga un seguimiento puntual por parte de las autoridades en cargadas de estos temas.

Cabe mencionar que a través del número de Emergencias 911 reciben hasta 250 llamadas mensuales por esta causa, de ellas, sólo cuatro resultan ser reales, ha confirmado la Secretaría de Seguridad Pública y donde los denunciantes pagaron entre cinco y hasta 50 mil pesos a los extorsionadores.

En Quintana Roo se han reportado dos mil llamadas relacionadas con extorsión de octubre del año pasado hasta julio de 2017, de las cuales el diez por ciento resultó afectado, siendo Benito Juárez donde hay mayor incidencia, seguido de Playa del Carmen y Othón P. Blanco.

Al respecto, el dirigente empresarial apuntó que es necesario que se sigan capacitando con las autoridades, sobre todo en el tema de personal que recibe a los turistas para que sepan cómo actuar cuando llegan este tipo de llamadas.

Asimismo recalcó que para que no queden impunes estos actos es necesario que se haga las denuncias correspondientes por parte de los afectados y con ello evitar que se multipliquen los casos en esta parte del estado.

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